La opciones para reducir los gastos de funcionamiento

En el 2019, el Presupuesto General de la Nación fue de $259,3 billones, de los cuales, $160,5 billones se asignaron a gastos de funcionamiento, tanto a nivel regional como desde el gobierno central. En 2024, cinco años después, el presupuesto total es de $503,7 billones y los de funcionamiento superan los $308,9 billones. Si bien los gastos de funcionamiento se mantienen sobre el 61% de las cuentas totales, esta realidad muestra una cara diferente cuando se deja sobre la mesa que este año son casi el doble de lo que eran hace un lustro. Tan solo entre 2022 y 2024, pasaron de $211,2 billones a los casi $310 ya mencionados, marcando un crecimiento de $97,7 billones. Entre tanto, para el 2025, las pretensiones del Ministerio de Hacienda, antes de caer la ley de financiamiento, eran de $327,9 billones, que dejarían menor espacio para la inversión. Pago de subsidios Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicado hace unos meses, encontró que, para el caso de los gastos de funcionamiento, la mayor parte de los incrementos que se han realizado obedecen al compromiso que se tiene con las transferencias corrientes. Revisando sólo la plata que se debe usar para garantizar que el Gobierno funcione, el informe da cuenta de que entre 2019 y 2022, este tipo de gasto creció unos $87,5 billones a pesos constantes, representando un aumento del 40% a nivel general y un 5,5% del PIB proyectado para 2024. Este crecimiento se concentró en la cuenta de Transferencias Corrientes (82%), seguido de gastos de personal (14%) y en menor cuantía el resto de las cuentas (4%). Así, acotaron que ocho de cada 10 pesos en gastos de funcionamiento se van a pagar subsidios y ayudas del Estado, que en ocasiones pecan por duplicidad. En el desagregado de transferencias, las que más han pesado en los últimos cinco años son el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fpec), con 26%, seguidas por el Sistema General de Participaciones (subsidios en las regiones), que abarca el 19%, y las transferencias al sistema de salud, con otro 19%. En la lista también aparecen las prestaciones sociales asumidas por el Estado (salud y pensiones), para las que entre 2019 y 2024 se tuvieron que destinar $13,2 billones, es decir, el 18% del alza de gastos. ¿Cómo recortar? Sumándose al debate que hoy en día atrae la atención de los economistas, respecto a cómo empezar a gastar menos, el Observatorio puso sobre la mesa nueva alternativas que pueden ayudar, comenzando por dar mayor autonomía a las regiones y acabar con la duplicidad de funciones entre el Estado y los entes territoriales. "Es necesario que los entes territoriales tengan un mayor grado de autonomía para orientar recursos a la ampliación de sus capacidades institucionales para generar ingresos propios a través de impuestos territoriales y así, reducir presión en las finanzas nacionales. Adicionalmente, en materia de salud, educación y saneamiento básico", indicaron. Por otra parte, señalan que la atención en salud y los subsidios a pensiones deben ser revisados, con el fin de estudiar su pertinencia y acabar con beneficios a personas que no los necesitan, así como tratamientos que no requieren financiación con dineros del Estado. "En cuanto a las prestaciones sociales asumidas por el Estado, estas obligaciones seguirán generando presión sobre las finanzas debido a que en la mayoría de los casos hay derechos adquiridos de por medio, como en el caso de las pensiones de las fuerzas militares y de policía o requieren reformas estructurales para su ajuste que deben surtir su proceso en el Congreso de la República como el régimen especial de salud de los maestros", dicen. Los investigadores indicaron también que es necesario repensar y estrechar la definición del ‘gasto social’, argumentando que cada vez es más la presión que llega por culpa de los proyectos y leyes que se crean, olvidando que el Presupuesto se rige por el principio de ‘unidad de caja’. En este sentido, sostuvieron que dado que la definición de ‘gasto social’ es tan amplia ha permitido la proliferación de leyes que ordenan gasto transitorio o permanente con el calificativo de social, sin ninguna consideración sobre su sostenibilidad en el largo plazo. El análisis cierra advirtiendo que la racionalización de primas, bonificaciones y otros pagos distintos a la asignación básica mensual es crucial para optimizar los gastos de personal en el sector público, ya que son una carga significativa para las finanzas del Estado sin necesariamente traducirse en mayor eficiencia o productividad.